ASSOCIATED PRESS

Una demanda federal de derechos civiles que se presentó esta semana afirma que, de los 33,126 supuestos casos de abuso sexual o físico cometidos en los centros de detención de inmigrantes, solamente 570 casos han sido investigados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS).

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La demanda fue presentada el martes por un grupo de derechos de inmigrantes conocido como Iniciativas Comunitarias para Visitar a Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC, por sus siglas en inglés). La demanda incluye reportes de inspecciones corporales, agresiones sexuales y físicas que supuestamente ocurrieron durante exámenes médicos. La demanda también denuncia violaciones sexuales supuestamente cometidas por guardias y otros presos.

La demanda se redactó usando datos obtenidos de la Oficina del Inspector General (OIG) a través de solicitudes de libertad de información y registro públicos.

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Los activistas afirman que hasta ahora “no se había presentado una denuncia formal con esta cantidad de información clara”.

Los reportes de abuso fueron presentados ante varias agencias de DHS, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración de Seguridad de Transportación, y la Guardia Costera. CIVIC dice que la OIG devolvió muchos de los casos a las agencias acusadas sin pedir que se les diera erguimiento a las denuncias.

La demanda de CIVIC recomienda que el Congreso emita un nuevo decreto para obligar a DHS a publicar la información de todos los reportes de abuso sexual en sus centros e investigar los resultados cada trimestre.

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La demanda explica que cinco centros privados acumulan el mayor número de denuncias de abuso sexual.

Casi el 44.4% de los reportes (o 14,693 de todas las denuncias) se presentaron contra ICE, señaló la demanda. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza recibió 31.1% (10,295) de todas las denuncias.

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Las estadísticas de la demanda son sumamente alarmantes ya que Trump ha pedido contratar a 5,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 10,000 agentes de ICE. Los activistas temen que estas contrataciones podrían resultar en menos revisiones a los historiales y entrenamiento de los nuevos reclutas.

Actualmente ICE detiene a un poco más de 40,000 mil personas cada día, según la agencia. Un documento de uso interno que se filtró esta semana al diario The Washington Post dice que DHS supuestamente ha identificado 33,000 camas adicionales que se podrían usar para albergar a los inmigrantes detenidos. Los documentos también muestran que la agencia está considerando terminar con el uso del polígrafo y exámenes físicos para poder acelerar los procesos de contratación.

“Hemos aprendido, de los datos federales y de las entrevistas con personas en detención, que muchas de estas agresiones sexuales son cometidas por agentes de ICE, guardias contratados por el centro, y hasta médicos profesionales”, me dijo Christina Fialho, abogada y co-directora ejecutiva de CIVIC.

Jorge Rivas/Fusion

La secretaria de prensa interina del Departamento de Seguridad Interna, Gillian Christensen, me dijo que la Oficina de Derechos Civiles y Libertades revisará la demanda. Sin embargo, subrayó que las estadísticas del reporte no son correctas.

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“Desafortunadamente el reporte de supuesto abuso sexual y acoso en los centros de ICE y CBP publicado por [CIVIC] es descaradamente incorrecto”, Christensson me dijo en un correo electrónico. “Mientras la meta de ICE es prevenir todo el abuso sexual entre la población en su custodia, dado el volumen de individuos que pasan por su sistema de detención anualmente, la agencia cree que el total de incidencias de tal actividad es muy bajo”.

Christensen no respondió a nuestras solicitudes para mostrar documentación que respalde las afirmaciones de DHS de que la demanda de CIVIC es incorrecta. La agencia dijo que la Oficina del Inspector General de DHS generalmente se enfoca en casos que tienen que ver con la supuesta mala conducta de empleados y que normalmente manda los casos de abuso entre los presos a ICE para que realice investigaciones internas.

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Esta podría ser la razón por la cual existe una discrepancia entre el número de reportes de abuso que se registran y el número de casos que se investigan. Sin embargo, la Oficina del Inspector General puede investigar cualquier denuncia. Le pedimos a DHS una aclaración, pero la agencia ya no nos respondió.

Mientras tanto, Fialho asegura que la información recolectada por CIVIC es correcta. También señaló que los números podrían ser mayores por el hecho de que no se reportan muchos casos de abuso sexual.

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“Si DHS va a decir que nuestras estadísticas son incorrectas, entonces la agencia necesita dar datos para respaldar su afirmación sin fundamentos”, dijo Fialho.

Fialho subrayó que ICE no cumplió con una solicitud de libertad de información presentada por CIVIC para obtener estadísticas sobre las denuncias de agresiones sexuales.

Ninguno de los reportes que OIG le dio a CIVIC contenía información sobre la identidad de género en los casos de abuso. CIVIC ha identificado a mujeres transgénero que han registrado denuncias. Una investigación de Fusion de 2014 encontró que ICE encarcela a casi 75 personas transgénero cada noche. Muchos de ellos son abusados; uno de cada cinco víctimas de abuso sexual en los centros de detención de ICE son personas transgénero.

Christensen dijo que DHS “está comprometido firmemente para proteger la seguridad y el bienestar de todos en su custodia”. Christensen explicó que ICE ha tomado varios pasos en los últimos años para prevenir y responder al abuso sexual entre la población detenida. Subrayó que el Programa para la Prevención e Intervención de Abuso y Agresión Sexual (SAAPI, por sus siglas en inglés) “asegura procedimientos efectivos para prevenir, reportar, responder, investigar y dar seguimiento a los incidentes o acusaciones de abuso o agresión sexual contra individuos en [un centro] de detención de ICE”.

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Sin embargo, Fialho dice que las medidas que DHS ha implementado no han sido suficientes ya que se siguen registrando reportes de abuso.

“Si DHS no puede o no quiere asegurarse de que no ocurra ningún caso de abuso sexual durante la detención de inmigrantes, el Congreso debería suspender todos los esfuerzos para su expansión y considerar dejar de financiar la detención de inmigrantes por completo”, dijo Fialho.